Agricultura pide al Gobierno y UE una adaptación de la legislación al sector agrario

Se ha mantenido una reunión con miembros del Consejo Regulador de Jerez, para abordar el expediente a bodegas y entidades representativas del marco con la finalidad de adaptar la legislación sobre competencia a las necesidades del sector agrario.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha mantenido una reunión con representantes del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez con el objetivo de analizar posibles acciones a adoptar ante la sanción puesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a nueve bodegas jerezanas, a Fedejerez y el Consejo Regulador por control de la producción y los precios.

En el transcurso de esa reunión, el viceconsejero, Juan Ignacio Serrano Aguilar ha trasladado a los representantes del Consejo Regulador el compromiso de la Consejería de pedir al Gobierno central y a Bruselas que se trabaje en la adaptación de la legislación actual sobre competencia a las necesidades específicas del sector agrario.

Asimismo, ha trasladado a los asistentes a esta reunión la preocupación de la Junta de Andalucía ante esta situación y les ha asegurado que van a contar con todo el apoyo de la Administración para buscar posibles soluciones a unas sanciones “injustas y desproporcionadas”. Durante el encuentro, el representante de la Consejería ha resaltado el trabajo que realizan los consejos reguladores, con unas competencias claras que determinan el desarrollo de sus funciones.

Consejería y representantes del Consejo Regulador han coincidido en la importancia que tiene para el futuro de un sector estratégico para la economía andaluza, como es el agroalimentario, que se abra un debate sobre la competencia, dentro de la reforma de la PAC y para el nuevo marco comunitario. Asimismo, han señalado la necesidad manifiesta de que se adapte su normativa a la especificidad de dicho sector. En ese sentido y en relación a la Agroalimentación, se ha destacado el interés de que se contemplen una serie de acuerdos cuyo principal cometido sea garantizar la rentabilidad de la producción en las zonas agrarias y favorecer la fijación de la población al territorio rural.